Samuel Neriah aparece en investigación de ASF por un helicóptero Black Hawk del Edomex
1 sept
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El nombre de Samuel Avishai Neriah forma parte de la investigación que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió por la compra de un helicóptero Black Hawk para la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).
SDP Noticias identifica al ciudadano israelí como intermediario de la adquisición, cuyo costo ascendió a 170 millones de pesos.
La aeronave tiene la matrícula XC-PEM y fue presentada por autoridades del Estado de México el 22 de junio de 2026. De acuerdo con el medio, se trata de una unidad de la década de 1980 que recibió un proceso de remanufactura. Durante el acto público, las autoridades la describieron como una aeronave de última generación.
El monto pagado por la SSEM es uno de los elementos bajo revisión. El portal de noticias reportó que la dependencia desembolsó 170 millones de pesos, mientras que un Black Hawk nuevo puede alcanzar entre 15 y 20 millones de dólares, según las cifras citadas por el medio.
La ASF registró el caso en el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 013/2026. La Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense pidió a Cristóbal Castañeda Camarillo información sobre 19 aspectos de la operación mediante el oficio UE-IAF/DGIA/0017/2026. La revisión contempla las condiciones del contrato y las características de la aeronave.
El vínculo con Neriah adquiere relevancia dentro del expediente por su papel señalado como intermediario. SDP refiere antecedentes del ciudadano israelí en operaciones relacionadas con tecnología de seguridad y lo vincula con investigaciones sobre la comercialización del software Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El medio también menciona documentos de un arbitraje judicial en Israel que, según su reporte, describen acuerdos entre Neriah y Uri Ansbacher sobre oportunidades de contratación pública en México.
La investigación deberá determinar si la compra cumplió con las disposiciones aplicables y si existieron responsabilidades administrativas o daño al patrimonio público. El medio señala que el procedimiento podría derivar en sanciones administrativas o una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Los señalamientos contra los involucrados permanecen sujetos al resultado de la investigación.
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