El PAN exige que las playas sean del pueblo

Frente al alarmante incremento de denuncias de habitantes de regiones donde se construyen importantes desarrollos inmobiliarios y turísticos a los que se les impide el paso, integrantes del Partido Acción Nacional buscan frenar la privatización de las playas.

“La ley es clara: las playas son de todas y todos los mexicanos. Lo que no podemos seguir permitiendo es que en los hechos se cierren, se condicionen o se conviertan en espacios exclusivos”, señaló Ivideliza Reyes, diputada del PAN.

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A través de esta iniciativa, la senadora propone establecer medidas concretas para evitar la privatización de facto de las playas, como la obligación de contar con accesos públicos funcionales en zonas con desarrollo turístico, la prohibición de obras que alteren la línea de costa o bloqueen el acceso, así como la creación de un Registro Nacional de Accesos Públicos con efectos jurídicos.

“Hoy vemos bardas, rocas, seguridad privada y desarrollos que limitan el paso. Eso no solo es ilegal, es injusto. Estamos hablando de un patrimonio nacional que no puede depender del poder económico de unos cuantos”, enfatizó.

La propuesta también contempla sanciones más estrictas para quienes obstaculicen el acceso, incluyendo multas por cada día que persista la infracción y la revocación de concesiones en casos de reincidencia, especialmente cuando se trate de desarrollos turísticos o inmobiliarios.

Las playas no son privilegio. La iniciativa surge en un contexto donde comunidades costeras han denunciado bloqueos y afectaciones, como ocurre en Punta de Mita, Nayarit, donde cientos de habitantes han documentado obstáculos y obras que impiden su acceso, así como la represión del gobierno estatal en contra de quienes piden respeto por el ecosistema y acceso libre a la playa.

“El desarrollo turístico es importante, pero no puede estar por encima de la ley. Se puede invertir y crecer, pero respetando el derecho de las familias mexicanas a disfrutar de sus playas”, sostuvo la senadora.

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Finalmente, reiteró que esta reforma busca cerrar la brecha entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la realidad. “Las playas no son un privilegio, son un derecho. Y ese derecho se tiene que garantizar, no solo en el papel, sino en los hechos”, concluyó.